Históricamente, la dispersión del Sistema de Crédito Público unido a la falta de un marco regulatorio apropiado generaron una serie de ineficiencias en el manejo de la deuda pública dominicana que resultó en una ineficiente composición del portafolio de deuda.   La elevada exposición de nuestro portafolio a la ocurrencia de eventos riesgosos se manifestó durante la crisis bancaria de 2003, cuando la depreciación del tipo de cambio cercana al 80% condujo a un incremento en los niveles de servicios de la deuda pública del sector público no financiero desde 0.93% del PIB en el año 2002 a 2.02% del PIB en 2003.  A su vez, los elevados niveles de deuda respecto del producto interno bruto (PIB) originaron una enorme carga fiscal por concepto de servicio de deuda.

Como respuesta a las diversas crisis financieras que sufrió la economía de la República Dominicana, se ha implementado un profundo proceso de reformas institucionales dirigido a concentrar la administración de los ingresos, gastos y el financiamiento de la nación. Parte importante de este programa fue la creación de la Secretaría de Estado de Hacienda, mediante la Ley No. 494-06, la cual funge como el organismo rector de las finanzas públicas nacionales. En adición, y bajo la dependencia de esta Secretaría, mediante la Ley No. 6-06 se crea la Dirección General de Crédito Público (DGCP), órgano rector del Sistema de Crédito Público, la cual está encargada de todos los aspectos crediticios de la política financiera del sector público no financiero a la vez que dicta las normas que regulan los procedimientos de negociación, contratación, desembolso y servicio del endeudamiento del sector público no financiero.