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HISTORIA

La década de 1990 e inicios de la década del 2000 se caracterizaron por la dispersión institucional y la falta de un marco regulatorio apropiado para el manejo de la deuda pública dominicana. Esta situación, en combinación con la elevada exposición de nuestro portafolio de deuda a la ocurrencia de eventos riesgosos, se evidenció durante la crisis bancaria del 2003. En aquel momento, la depreciación del tipo de cambio de alrededor del 70% contribuyó a incrementar el servicio de deuda del sector público no financiero en más de un 1% del PIB, del año 2002 al 2003.

 

Esta situación complicada en que se encontraba la economía dominicana, originó un profundo proceso de reformas institucionales dirigido, entre otras, a fortalecer el sistema financiero público y reorganizar la administración de los ingresos, gastos y el financiamiento de la nación. Parte importante de este proceso fue la organización de la Secretaría de Estado de Hacienda, mediante la Ley Núm. 494-06 –hoy día el Ministerio de Hacienda-, la cual funge como el organismo rector de las finanzas públicas nacionales y que concentra en una sola área del Gobierno la formulación y ejecución de la política fiscal. En este mismo contexto, dada la necesidad de institucionalizar y profesionalizar la gestión de las operaciones de deuda pública y la administración de las correspondientes obligaciones de pago, se crea mediante la Ley Núm. 6-06 la Dirección General de Crédito Público como órgano rector del Sistema de Crédito Público, bajo la dependencia de la entonces Secretaría de Estado de Hacienda. Esta Dirección General se encarga de los aspectos crediticios de la política financiera del sector público no financiero, a la vez que dicta las normas que regulan los procedimientos de negociación, contratación, desembolso y servicio del endeudamiento del sector público no financiero. Asimismo, registra y monitorea la deuda del sector público no financiero.

 

Desde su creación, la Dirección General de Crédito Público ha estado realizando operaciones de crédito público conforme los mandatos del Presupuesto General del Estado que se aprueba para cada período fiscal. El proceso de introducir al país en los mercados de capitales, aumentar la credibilidad y ganarse la confianza de los acreedores, ha sido un arduo trabajo partiendo de la situación inicial del portafolio de deuda pública. Para tales fines, se han implementado varias políticas y estrategias, tales como el Programa de Subastas de Títulos de Valores de Deuda Pública en el 2009, y el Programa de Creadores de Mercado a partir del 2012. In adición, se han realizado exitosas emisiones de instrumentos de deuda en los mercados internacionales y se han negociado las condiciones de los contratos de préstamos, para poder lograr mejores condiciones financieras y los indicadores favorables del portafolio de deuda que hoy día se exhiben.

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